La Corte autorizó la venta del hospital de San Isidro

Es que la Corte rechazó los argumentos de la agrupación vecinal y sostuvo que "la Municipalidad no estaba compelida a mantener a perpetuidad el edificio del viejo hospital ni a seguir brindando en él atención a la comunidad, ante la evidencia de haber erigido y puesto en funcionamiento un centro médico más moderno". "Nada se ha alegado ni probado en autos como para cuestionar al municipio por haber descuidado los servicios locales de salud o que, con la no afectación de la referida venta, esos servicios hayan quedado desfinanciados", dijeron los jueces del máximo tribunal en su fallo. Con este fallo, el gobierno de San Isidro evalúa iniciar acciones por daños y perjuicios contra la entidad vecinal que frenó la operación inmobiliaria, según indicaron fuentes municipales. En 2003 el intendente Gustavo Posse dispuso (en la ordenanza 7972/03 y en los decretos 35/04 y 503/04) vender el predio del viejo hospital de San Isidro, ubicado en la calle Juan José Díaz 818. Ese lugar comenzó a construirse en 1880, después de que 135 vecinos de la zona murieran de cólera, y funcionó como el centro de salud público de la zona norte hasta que la comuna abrió un hospital más moderno. El terreno, de 7 mil metros, había pertenecido a la Sociedad Socorros de San Isidro, cuyos bienes pasaron a formar parte del patrimonio del municipio. En 2000, según un informe, renovar el edificio hubiera costado 5,5 millones de dólares y por lo tanto Posse buscaba venderlo por un millón de dólares (de entonces) en busca de concretar el puente de Rivadavia, en San Isidro, y el túnel de Rolón, en Boulogne, según había dicho públicamente. Una empresa constructora ganó la licitación para quedarse con el terreno y erigir allí un complejo de viviendas, con piscina, parrilla y un lugar para gimnasio. Pero la agrupación Centro para la Cultura y Participación "Brazos Abiertos" inició una acción de amparo contra la Municipalidad para frenar la obra y pedir la inconstitucionalidad de esas normas que habían autorizado la venta. En su fundamentación, la entidad habló de la "defensa del patrimonio histórico y cultural, así como del derecho a la salud". El juez de primera instancia entendió que el Centro no logró demostrar que poseyera un proyecto para que en el inmueble en cuestión se desarrollaran las actividades vecinales, dijo que no había "arbitrariedad o ilegalidad manifiesta en la actuación de los órganos municipales" y planteó que no estaba acreditado el carácter histórico del edificio. El Centro, sin embargo, apeló y la Cámara en lo Contencioso Administrativo de San Martín hizo lugar al pedido frenando nuevamente la eventual venta. Ahora, cuatro años después, la Suprema Corte respaldó a la Municipalidad.